Eduardo Luque
El gobierno canadiense no quiere erradicar la pobreza, pero no le parece mal eliminar a los pobres.
Justin Trudeau es Primer Ministro de Canadá y prototipo de político neoliberal. Joven, fotogénico (se declara feminista, ecologista y liberal). Es fiel reflejo de la nueva ola de dirigentes sociales cortados por el mismo patrón de lo políticamente correcto. Su mentor ideológico es Klaus Schwab, promotor del Foro Económico Mundial (WEF) y organizador del encuentro de Davos. Schwab fundó en 2004 una red internacional para captar a futuros líderes sociales a través de la Comunidad Global Shapers [1]. Este foro ha alentado y financiado a personajes como Macron, Angela Merkel, Tony Blair, Nicolas Sarkozy, Vladimir Putin o el presidente argentino con la condición que tuvieran menos de 43 años. La fundación ha ido preparando nuevos relevos como la actual primera ministra de Finlandia Sanna Marin, la exministra danesa Ida Auken [2] (que propone en su blog una especie de dictadura mundial) o Justin Tradeau. Podemos reconocer en muchos presidentes de la nueva hornada un patrón ideológico común, (Pedro Sánchez, Macron o posiblemente el más cruel y cínico de todos como fue Mark Rutte ex primer ministro de los Países Bajos) Todos parten de premisas similares.
Tienen un discurso pseudoizquierdista en época electoral y una gestión neoliberal al servicio de las grandes corporaciones.
Al margen de las imágenes bucólicas de grandes lagos y policía montada, Canadá oculta profundas diferencias sociales. La última campaña electoral de Tradeau [3] tuvo a la equidad económica y fiscal como uno de sus ejes centrales, llegó a afirmar:
“Podemos permitirnos hacer más por las personas que lo necesitan haciendo menos por las personas que no lo necesitan”. [4]
Sin embargo, aunque renovó el cargo en 2019, los escándalos se arremolinan en su entorno. La diferencia entre promesas y realizaciones lo ha desgastado enormemente. Canadá presumía, por ejemplo, de su modelo ecológico y ahora se ha convertido en el séptimo mayor emisor de CO2 per cápita del mundo.
Presumía de transparencia y honradez y el “gurú” de las finanzas de su partido Stephen R. Bronfman, (quien decía del entonces candidato: “Justin es muy, muy vendible” ), está en la mira de la justicia. Parece ser que sus negocios offshore se usaron para financiar la campaña electoral.
En realidad a la sombra de Justin Trudeau y de los nuevos políticos nacen y prosperan los monstruos.
El Ejecutivo de Tradeau aprobó en 2016 una ley de Eutanasia que pasaba por progresista, aplicable a casos de “muerte razonablemente previsible”. El programa se denominaba MAID y estaba destinado originariamente a personas que padecían enfermedades terminales. Era, supuestamente, una “alternativa humanitaria”. Hasta aquí todo bien pero el gobierno de Tradeau amplió las posibilidades que ahora incluyen las “condiciones psiquiátricas” y “cualquier aflicción médica” , todo ello a partir de marzo del 2023. El proyecto de ley denominado C-7 derogó el requisito fundamental de que la condición del demandante debe ser “terminal”. Está en estudio, siguiendo la corriente de “empoderar” a la población, la de permitir su aplicación a menores de 18 años. Es un calco de la propuesta de la Ministra de Salud de Lituania que se presentó en el Parlamento en 2014.
Uno de los argumentos esgrimidos en este debate fue el informe publicado por el Oficial de Presupuesto Parlamentario del país quien determinó los ahorros que implicaba para el erario público la aprobación de las modificaciones en la ley. Según el diario The Spectator el proyecto C-7 supone un ahorro adicional de 62 millones de dólares a los ya obtenidos por la aplicación de la MAID cifrados en otros 86,9 millones de dólares. En pocas palabras, el cuidado de enfermos crónicos es muy costoso mientras que el suicidio asistido representa solo unos 2.327 dólares por caso. Todo esto choca con las cuantiosas cantidades que ha invertido Quebec en reforzar a la OTAN en el conflicto afgano y ahora en el ucraniano. No es un problema financiero sino de voluntad política.
Canadá es un país rico con un alto nivel impositivo pero escaso y rácano en cuanto a protección social. [5] Tiene uno de los niveles de gasto social más bajo de todos los países industrializados. Los cuidados paliativos son accesibles únicamente para los que puedan pagarlos. En paralelo los tiempos de espera en la salud pública son sencillamente insoportables. El Tribunal Supremo que legalizó la eutanasia calificó aquellos tiempos de espera como una violación al derecho a la vida.
La sanidad canadiense es un modelo para los países neoliberales puesto que está enormemente privatizada. Las consecuencias en forma de exclusión social son cada día mayores. La polémica saltó en el país cuando se conocieron el caso de dos mujeres, Sophie y Denise. La primera era una mujer relativamente joven, tenía 51 años. Padecía una grave enfermedad llamada Sensibilidad Química Múltiple (SQM). Era pobre, no podía trabajar, sobrevivía con una prestación social raquítica por debajo del nivel de pobreza.
Durante años amigos y conocidos habían realizado campañas de sensibilización con el fin de recoger dinero para adquirir una casa habitable para ella. Los esfuerzos fueron vanos. Según la cadena CTV News pidió durante dos años ayuda a los servicios sociales. Solicitaba una vivienda adaptada a su enfermedad. La administración la denegó. En su desesperación acudió finalmente, a los servicios de salud, para que se le aplicara la “muerte medicamente asistida” (eutanasia) aunque no fuera un caso “terminal”. Ocho días antes de morir hacía público un video donde afirmaba: “el gobierno me ve como una basura prescindible, quejosa, inútil y un dolor de cabeza”. La segunda mujer (Denise) que ha pedido también esta solución está, cuando se escriben estas líneas, a la espera. Es la misma enfermedad y la misma respuesta de los servicios sociales.
El debate se agudizó aún más en 2021 cuando el Tribunal Constitucional canadiense consideró
“discriminatorio que no se pudiera aplicar la Eutanasia a deficientes mentales. No hay que ser un visionario para entender las consecuencias de esta resolución “progresista”.
La vía para la eugenesia de los más pobres o los discapacitados queda abierta.
La cuestión que se dirime a nivel judicial tiene, además, un trasfondo político. El neoliberalismo ha impuesto la privatización de los servicios públicos que se convierten cada vez más, incluso en naciones ricas como Canadá, en un privilegio. Los tratamientos de enfermedades crónicas son sólo un derecho para unos cuantos; incluso los servicios “paliativos” para morir dignamente son en este momento objetivo de las grandes corporaciones que ven en el sufrimiento un enorme negocio aún por explotar. La UE no es ajena a esta tendencia donde la eutanasia se aplica en algunos países desde hace 20 años.
El caso canadiense no sólo es grave por sí mismo, sino que abre una puerta y dibuja la pendiente a seguir. Lo último ha sido la ley aprobada en el estado de Vermont (EEUU) el 27 de abril. En este Estado que pasa por progresista el médico ,sin ni siquiera conocer al paciente ni sus circunstancias, sólo con el deseo o el sentimiento subjetivo del mismo, puede prescribir la medicación letal a través de Zoom o Skype. La progresión parece clara: al principio la medida estaba destinada a los enfermos terminales, luego a los enfermos mentales, y ahora incluye la muerte de aquellos «demasiado pobres para seguir viviendo con dignidad». Pero ¿qué nivel de pobreza se precisa para seguir viviendo con dignidad?
La legislación canadiense forma parte de una corriente profunda. Así podemos encontrar países como Lituania donde la ex ministra de Sanidad Rimante Salaseviciute encontró la solución para los pobres:
“La eutanasia puede ser una buena opción para los pobres, que a causa de su pobreza no tienen acceso a la asistencia médica”
En definitiva no hay que erradicar la pobreza sino eliminar a los pobres. Viene a la memoria los versos de Galeano cuando criticaba la condición social de los Nadies:
“Que no son seres humanos sino recursos humanos” dice en uno de sus poemas.
El gobierno de Justin Trudeau argumenta que la ley canadiense busca defender la autonomía y la “libertad” del individuo. Siempre las mismas gastadas palabras que oímos en boca de políticos de medio pelo. En realidad se pretende ocultar el factor costo/beneficio. Las grandes proclamas de la autonomía individual son entendidas por el sistema neoliberal como un mero asiento contable. Es un discurso repetido, desde Madrid a Helsinki desde Copenhague a Berlín o la Haya; está en la agenda neoliberal en multitud de países. Lo hemos visto con las miles de muertes en residencias en España. El silencio cómplice de la justicia que ha estado en la mayoría de casos sorda y ciega es enormemente revelador. En otros países con gobiernos “modernos y jóvenes” como el belga o el de Países Bajos, dejaron de atender a los mayores cuando enfermaban a causa del covid para que murieran bajo el criterio de la “medicina de guerra”. Mientras los estados donaban miles de millones a empresas farmacéuticas prácticamente para nada.
El caso canadiense no es único aunque impacta porque se trata de un país rico y con una aureola de progresismo. Los Países Bajos o Bélgica han reabierto el debate. Desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha contemplado el incremento en la esperanza de vida y las inversiones asociadas como un problema a solucionar. En un informe del 2012 el organismo, presidido por Cristian Lagarde, afirma;
“…las implicaciones financieras potencialmente muy grandes del riesgo de longevidad; es decir, el riesgo de que la gente viva más de lo esperado…”.
La legislación, que primero fue publicitada como un avance progresista se transforma en manos de políticos neoliberales en su contrario. Un madre desesperada porque no puede dar de comer a su hijo, hombres que han perdido su empresa o su lugar de trabajo por una pésima gestión económica del gobierno. Personas con pensiones de hambre a pesar de haber cotizado durante muchísimos años ¿Son demasiado indignos para vivir? A medida que la economía se contrae y el nivel de vida se desplome veremos cómo el debate, disfrazado de racionalidad estadística, sale a la luz y recorre los despachos de los grandes medios.
Como ocurre casi siempre que se rompe un tabú, la pendiente por la que se cae se hace más y más rápida, que nadie piense que esto es una exageración o una Fake News. Todo comienza negando. En 2015 la Corte Suprema de Canadá revertió 22 años de legislación en contra y declaró inconstitucional la prohibición del suicidio asistido. Los propios jueces afirmaron que el fallo no “iniciaría un descenso por una pendiente resbaladiza hacia el homicidio”, hablaba de casos anecdóticos. Lo que en principio fue una posición acertada se tradujo en 2016 en la ley sobre la eutanasia cuando la muerte natural fuera “razonablemente previsible”.
Cinco años más tarde se derogó el requisito de lo “razonablemente previsible” y “terminal”. En estos momentos siempre que alguien padezca una enfermedad o discapacidad que ‘no pueda ser aliviada en las condiciones que considere aceptables’, puede solicitar la eutanasia. En 2023 se legislará seguramente para incluir a otro grupo desproporcionadamente pobre: los “menores maduros”, niños o jóvenes menores de 18 años que quieran suicidarse. Pronto muy pronto no sólo deberemos luchar por las pensiones o los servicios públicos sino que habremos de luchar por nuestra propia existencia.
[1] https://weforum.ent.box.com/v/gsc-annual-report-20-21
[2]https://www.forbes.com/sites/worldeconomicforum/2016/11/10/shopping-i-cant-really-remember-what-that-is-or-how-differently-well-live-in-2030/?sh=59bc331f1735
[3] https://www.weforum.org/people/justin-trudeau
[4] https://contralacorrupcion.mx/paradisepapers/fondos-trudeau/
[5] https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/gasto-publico-social-ocde.htm
Publicado originalmente en El Viejo Topo.
Fuentes:
https://canarias-semanal.org/art/32997/la-nueva-eutanasia-progresista-eliminar-a-los-pobres-para-no-tener-que-tocar-la-pobreza