La filial de Volkswagen en Brasil prestó apoyo material a las torturas perpetradas por la dictadura militar de 1964 a 1985. El informe final de la Comisión Nacional de la Verdad, publicado a finales de 2014, ofreció los detalles sobre el papel de la multinacional alemana.
El monopolio Volkswagen, con sede en Wolfsburg, Alemania, es el segundo mayor fabricante de automóviles del mundo. Su filial en Brasil produce automóviles desde 1953 y actualmente emplea a 24.000 trabajadores.
Lucio Bellentani, antiguo trabajador de Volkswagen en la planta de Sao Bernardo do Campo, cerca de Sao Paulo, contó a la Comisión su experiencia en 1972: “Me bloquearon los brazos a la espalda e inmediatamente me pusieron las esposas. La tortura comenzó en cuanto llegamos al centro de seguridad de Volkswagen. Me golpearon, apalearon y abofetearon”.
La Comisión de la Verdad fue creada en 2011 por la presidenta Dilma Rousseff para investigar los crimenes cometidos contra quienes resistieron al régimen militar. El informe final de 1.000 páginas destaca el asesinato y la desaparición de 434 personas. La Comisión precisó que “esos eran sólo los casos que habían podido comprobar… a pesar de las dificultades de la investigación, en particular la imposibilidad de acceder a los documentos de las fuerzas armadas, que, según la versión oficial, habrían sido destruidos”.
Según algunas estimaciones, varios miles de personas fueron detenidas por razones políticas y 6.000 fueron torturadas durante los años de la dictadura.
El informe señala que más de 80 empresas nacionales e internacionales colaboraron ampliamente con el gobierno militar. Proporcionaron información sobre sus trabajadores, entregaron a personas al Departamento de Orden Político y Social (antiguo centro administrativo de la policía, centro penitenciario y sala de torturas) o incluso financiaron a fuerzas paramilitares progubernamentales, como la Operação Bandeirante.
En febrero de 2014 la Comisión decidió examinar más de cerca la relación entre el régimen militar y Volkswagen. Los resultados prueban que oficiales del ejército y la policía y representantes de 25 grandes empresas se reunieron en el marco del Centro Comunitario de Seguridad (CECOSE), un organismo especial de represión creado en 1983.
El informe concluye que “el representante de Volkswagen desempeñó un papel muy importante durante estas reuniones. Inició discusiones sobre temas de gran importancia y preparó informes para el CECOSE”. Las empresas esperaban que el gobierno les ayudara a resolver los problemas que enfrentaban con sus trabajadores. Los bajos salarios de los trabajadores se consideraban un elemento clave del crecimiento económico del Brasil.
Luiz Inacio Lula da Silva era uno de los trabajadores que Volkswagen vigilaba, aunque no estaba contratado por la multinacional. Entonces Lula, que entre 2003 y 2010 fue Presidente de Brasil, informó a los obreros de Volkswagen que sus patrones les espiaban.
En Alemania se creó una coalición de veinte ONG, “Nunca Mais – Nie Wieder”, para reunir información sobre el papel de las multinacionales e instituciones alemanas que apoyaron la dictadura brasileña. Académicos como Nina Schneider, historiadora latinoamericana de la Universidad de Constanza, asegura que las empresas matrices alemanas estaban al tanto de lo que sucedía en Brasil. “Hay que arrojar luz y Volkswagen debe explicar su papel”, dijo a la radio Deutsche Welle.
Las controversias sobre las actividades de Volkswagen en Brasil no son nuevas. En 1945 Franz Paul Stangl, antiguo comandante nazi de los campos de exterminio de Sobibor y Treblinka, escapó de Alemania a Brasil, donde trabajó durante 15 años para Volkswagen en Sao Bernardo do Campo. Stangl fue extraditado en 1967 y declarado culpable de la masacre de 900.000 personas.
Tras la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, Volkswagen se comprometió a buscar información sobre la participación de matones a su servicio en el terrorismo de Estado. Pero hasta la fecha, Volkswagen sigue acumulando denuncias ya que en 2015 la multinacional fue acusada de prácticas antisindicales y de despedir a 800 trabajadores en su planta de Anchieta en Sao Bernardo do Campo.
Más información:
– Informe y conclusiones de la Comisión Nacional de la Verdad sobre los crímenes de la dictadura militar en Brasil
Fuentes: