Owen Jones
No es extraño que quieran deshacerse de la concesión pública ferroviaria del tren de la costa oriental británica: su existencia misma supone un terco rechazo del dogma de que “el mercado lo hace mejor”. La propiedad pública se ha venido caracterizando por norma como un fracaso derrochador y tragasubvenciones. Qué exasperante ha de ser, por tanto, para los ideólogos del libre mercado que la de la costa oriental dependa de menos subvenciones públicas que cualquiera de las 15 concesiones ferroviarias de gestión privada. Desde luego, las concesiones se han convertido en una lucrativa gallina de los huevos de oro para el Estado, aportando más de 1.000 millones de libras a Hacienda desde 2009. La costa oriental es una historia de embarazoso éxito para la propiedad pública. Por el contrario, tendrían que gestionarla un expatriado fiscal [Richard Branson] y un empresario escocés [Sir Brian Souter] más conocido por hacer campaña en contra de la igualdad de los gays.
El desastre de la privatización de los ferrocarriles representa un talón de Aquiles para los ideólogos del libre mercado, y ellos lo saben pero que muy bien. Entregarle la costa oriental a Stagecoach y Virgin representa un “que te zurzan” a la opinión pública británica, que se desespera ante nuestra fragmentaria, ineficiente y chanchullera red ferroviaria. De acuerdo con una encuesta de YouGov del año pasado, dos tercios de nosotros pensamos que las empresas de ferrocarril debería gestionarlas el sector público, y menos de una cuarta parte opta por la privatización. Y tampoco son únicamente los partidarios de los laboristas: más de mitad de los votantes conservadores laboristas se inclinaba por la propiedad pública y hay más probabilidades de que los votantes del UKIP apoyen una red nacionalizada que el resto de la población. El dogma del gobierno apenas sí podría estar más divorciado del sentido común del pueblo británico.
El apoyo a la privatización ferroviaria es una opinión marginal por una serie de razones. Gastamos bastante más en subvenciones en nuestra red ferroviaria privatizada de lo que gastábamos en los días de British Rail [los ferrocarriles públicos británicos]. Según un informe de 2013, se gastaron a espuertas casi 3.000 millones de libras en las cinco empresas ferroviarias más caras sólo entre 2007 y 20111. La innovación tecnológica y las mejoras de infraestructura las financió o aseguró el Estado. La cambiante naturaleza de nuestra economía y sociedad nos ha obligado cada vez más a viajar en tren a muchos de nosotros, pero la incapacidad de substituir adecuadamente el material rodante ha hecho que acabemos cada vez más apiñados en vagones más que atestados. Para tener el privilegio de verse empujado al sobaco de otro viajero de cercanías. Los viajeros ingleses pagan más caros sus billetes que en cualquier parte de Europa. Puede resultar más barato volar a climas foráneos que viajar en tren en tu propio país.
Con la misma perversidad, el gobierno permite la propiedad estatal del ferrocarril, siempre y cuando ese Estado no sea el de Gran Bretaña. En su reciente libro Private Island, James Meek ponía de relieve lo absurdo de que estados como el alemán y el francés gestionen una parte amplia de nuestro servicios públicos. “No hemos hecho retroceder las fronteras del Estado en Gran Bretaña sólo para ver cómo vuelven a reimponerse a escala europea”, declaró una vez Margaret Thatcher de modo infame. Qué ironía que el dogma que ella predicaba se haya convertido justamente en eso.
No es extraño que el ferrocarril de propiedad pública sea tan abrumadoramente popular. Qué tragedia que el laborismo se dedique actualmente a ofrecer un confuso batiburrillo político que no satisfará a nadie: permitir al sector público competir por concesiones ferroviarias. Resultaría bastante más popular – y claro – comprometerse sencillamente a devolver al dominio público todas las empresas ferroviarias a medida que su concesión vaya concluyendo. Se podría crear un ferrocarril integrado, de gestión pública. En lugar de volver a un control de arriba abajo en manos de los burócratas de Whitehall, se podría implicar a pasajeros y trabajadores en la gestión del sector.
Pero la costa oriental le lleva sacando los colores al gobierno ya demasiado tiempo. En nombre del dogma neoliberal, el ferrocarril tiene por el contrario que convertirse en un desbarajuste fragmentado y estafador. Las compañías ferroviarias privadas seguirán chupándole la sangre al erario público. Es absolutamente representativo de una sociedad que pone el beneficio por delante de las personas. Deben confiar en que este dogma haya acabado por llegar demasiado lejos.
Owen Jones, historiador y periodista, es autor de Chavs: La demonización de la clase obrera, (Capitán Swing, Madrid 2012). Su último libro es The Establishment, and how to get away with it, Allen Lane 2014
Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón
Fuentes: