Eugenio Fernández
La instrucción «Crimen sollicitationis» prohibía denunciar los casos bajo pena de excomunión
La publicación de un informe sobre el caso del ex arzobispo de Washington, Theodore McCarrick, expulsado del sacerdocio en 2019 tras una vida como depredador sexual y violador de menores, el Vaticano manifestaba el pasado martes que había cometido «errores» que hicieron que Juan Pablo II y Benedicto XVI dejaran pasar durante años los abusos cometidos por McCarrick.
Según este «reconocimiento» oficial, una serie de de «informaciones inexactas» transmitidas por varios obispos de Estados Unidos, cuyos nombres continúa ocultando, condujeron a estos dos papas al «error», y a que el propio Juan Pablo II lo nombrara obispo de Washington en 2000, y cardenal al año siguiente, cuando ya se habían recibido diversas denuncias relativas a su pederastia. El informe justifica también la inacción de Benedicto XVI por estas mismas «informaciones inexactas».
Como se recordará, el propio Papa Francisco I fue señalado por este caso a finales del pasado 2019, cuando el arzobispo Carlo María Viganò lo acusó públicamente, mediante una carta, de “cubrir” y silenciar los abusos del cardenal estadounidense McCarrick y le pidió que «dimitiera” por haber mirado hacia otro lado.
Francisco I, quien ese mismo año expulsó del sacerdocio a McCarrick, a sus 89 años, y encargó el informe ahora publicado, negó rotundamente estas acusaciones, al tiempo que emitió una «petición de perdón pública por los abusos sexuales», en la que hizo recaer la culpa por el encubrimiento de estos crímenes tan solo en “algunos miembros de la jerarquía que no se hicieron cargo de esta situaciones y guardaron silencio”.
LA POLÍTICA OFICIAL DE LA IGLESIA: ENCUBRIMIENTO BAJO AMENAZA DE EX COMUNIÓN
La realidad, sin embargo, es que el escándalo del cardenal McCarrick es tan sólo uno de los muchísimos casos que ponen en evidencia que la ocultación de la pederastia en el seno de la Iglesia Católica ha sido una práctica estructural y dictada desde las más altas instancias y no un mero «error» provocado por «informaciones erróneas».
Como hiciera antes que él Benedicto XVI, tras ser nombrado Papa, Jorge Bergoglio prometió aplicarse para luchar contra los miles de casos de pederastia de los que son responsables sacerdotes católicos. La enorme distancia que existe entre estas palabras y sus actos, no obstante, ya le fue reprochada por las víctimas de estos abusos en Chile durante su viaje a ese país sudamericano, donde Francisco ignoró sus denuncias y defendió al obispo Juan Barros de las acusaciones de encubrir abusos sexuales hasta en la misma escalerilla del avión que lo llevaría de vuelta a Roma,
«¡No hay una sola prueba en su contra. Todo es calumnia!» – manifestó irritado Bergoglio a los periodistas que le preguntaron al respecto.
Sólo un mes después , Barros y otros tres obispos chilenos se veían obligados a presentar su renuncia por los encubrimientos sistemáticos de los abusos cometidos contra menores.
Pero aunque la responsabilidad de Francisco es inexcusable, su actitud y su política sobre este asunto no son originales, sino una mera continuidad de la política histórica e institucional de la Iglesia católica.
Ésta se encuentra fijada por la instrucción «Crimen sollicitationis», aprobada por Juan XXIII en 1962. En este documento, la Congregación del Santo Oficio establecía los procedimientos para afrontar los casos de clérigos responsables de abusos sexuales, imponiendo la obligación de guardar silencio sobre los mismos y no denunciarlos fuera del ámbito de la iglesia bajo pena de excomunión. Se trata de una política explícita y escrita para encubrir los casos de abusos sexuales a menores cometidos por los «hombres de Dios».
La última etapa de vigencia de las instrucciones recomendadas por la iglesia frente al Crimen Sollicitationis coincidió con el desempeño del entonces cardenal Joseph Ratzinger –luego Papa Benedicto XVI–, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Por tanto, el futuro Papa fue el responsable de seguir los casos relacionados durante dos décadas. En 2001, Joseph Ratzinger encargó redactar el decreto que habría de suceder a la anterior directiva Crimen Sollicitationis. En espíritu, el nuevo decreto consagró los principios esenciales del antiguo, como la pena de excomunión a quien osará denunciar a los tribunales ordinarios estos crímenes. Se envió una copia del nuevo decreto a todos los obispos del mundo, en el que se ordenaba que la Santa Sede tuviera lo que él denominó una «competencia exclusiva». Es decir, que todos los alegatos de abusos sexuales debían presentarse exclusivamente en Roma.
ESTADOS, UNIDOS, CANADÁ, IRLANDA, ALEMANIA, AUSTRIA, SUIZA, FRANCIA, BÉLGICA… ¿Y ESPAÑA?
Todos los casos conocidos hasta la fecha a lo largo del mundo, desde Estados Unidos y Canada a Brasil o Chile, de Irlanda a Alemania, Austria, Bélgica o Suiza, corroboran que la letra y el espíritu de la instrucción Crimen sollicitationis ha regido siempre y continúa rigiendo en el tratamiento que la Iglesia católica da a los casos de pederastia.
El patrón de comportamiento de las autoridades eclesiásticas ha consistido siempre en trasladar al cura pederasta, sucesivamente, de una parroquia otra, informar por vía interna al Vaticano y ocultar el caso a las autoridades civiles. De esta manera, a lo largo de los años miles de menores continuaron siendo víctimas de abusos por parte de sacerdotes, a pesar de que sus superiores eran plenamente conscientes de sus prácticas.
«La actitud del Vaticano – denuncia el reverendo estadounidense Thomas Doyle en el terrible documental que adjuntamos a este artículo – fue la de decirnos: `nosotros no entregamos a nuestros sacerdotes. Es un problema nuestro y nosotros nos ocupamos de él. No se les denuncia a las autoridades civiles`».
«No sé que habrían hecho – añade Doyle – si se hubiera tratado de una serie de asesinatos».
Como parte de esta labor sistemática de encubrimiento, la Iglesia católica ha realizado una inversión multimillonaria para llegar a acuerdos extrajudiciales con las víctimas, «tapar bocas» e impedir que la verdad se llegara a destapar, dedicando de forma exclusiva a algunos religiosos a esta labor de «limpieza de huellas».
Con frecuencia, las víctimas de estos depredadores sexuales con bula papal para destrozar las vidas de miles de niños han sido los más débiles entre los débiles. Aquellos que por su situación de pobreza o incluso por no poder hablar – como en los casos cometidos en escuelas para niños sordomudos – pensaban que jamás se atreverían a denunciar.
Pese a todo, casos como los de Boston, Pensilvania o Irlanda, o el que fuera protegido de Juan Pablo II, Marcial Maciel -fundador de los Legionarios de Cristo – han ido saliendo a la luz pública, mostrando lo que solo parece ser la punta de un siniestro iceberg.
Significativamente, en España, donde la educación de los infantes fue durante décadas un monopolio de la Iglesia católica, no existe aún un movimiento popular que reclame justicia por los casos que, de manera aislada, sí se han comenzado a denunciar. La realidad en el Estado español permite incluso que todo un obispo como el de Tenerife, Bernardo Álvarez, se atreviera a manifestar públicamente que «hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo (con los abusos) y además, deseándolo e incluso te provocan».
Fuentes:
https://canarias-semanal.org/art/29052/el-vaticano-no-cometio-ningun-error-con-los-abusos-sexuales-a-menores-videos