Por Mariano Sánchez Soler
El uso consciente de la violencia con objetivos políticos (que no siempre es deliberado o premeditado) ha estado presente durante la Transición democrática en España, entre 1975 y 1983, y ha constituido la gran amenaza para el proceso diseñado por los dirigentes políticos del momento, que hicieron del rechazo a la violencia como arma política y del control del orden público, la base del consenso.
En España se desplegó una violencia política de origen institucional para mantener el poder y el orden, y fue organizada, alentada, inspirada, consentida, e instrumentalizada, desde instituciones del Estado a dos niveles:
Desde el corazón del aparato de Estado, a través de estamentos y funcionarios en activo de la Administración, que disponen de poder y medios, armamento y cobertura logística para ejercer y administrar la violencia: policías, ejército, judicatura…
Y desde instituciones legales reglamentadas y/o subvencionadas por el Estado, que participan de la superestructura del poder oficial: asociaciones inscritas en los registros oficiales, entidades y partidos políticos legales con o sin representación en el Parlamento.
Imponer el pacto
Esta violencia institucional fue usada para frenar los avances rupturistas democráticos, imponer el pacto, aplacar a las izquierdas emergentes, desmovilizar a las masas reivindicativas y conseguir el cambio del régimen franquista a un régimen democrático parlamentario, con el menor coste económico y político posible para la clase dirigente de entonces.
La forma peculiar en que se realizó esta transición en España impidió que el nuevo régimen rompiera totalmente con sus orígenes. La Administración Pública, el aparato judicial, el Ejército, la Policía y la empresa pública apenas sufrieron transformaciones y se incorporaron al nuevo régimen escasamente reformados.
591 muertos 2072 heridos
Como revelo en mi libro La transición sangrienta (Península, 2010), y en mi tesis doctoral, desde el 20 de noviembre de 1975 hasta el 31 de diciembre de 1983, la transición española se cobró, en apenas ocho años, más de 2.663 víctimas por violencia política entre muertos y heridos hospitalizados. De estas 2.663 víctimas durante la transición, un total de 591 personas perdieron la vida. De ellas, 188 murieron en actos de violencia política institucional.
En cuanto a los heridos, según los únicos datos disponibles del ministerio del Interior más de 1.000 fueron víctimas de los terrorismos de izquierdas y nacionalistas (ETA, GRAPO, FRAP y otros), y un total de 1.072 heridos fueron víctimas de la violencia política institucional desencadenada por la represión policial y las denominadas “tramas negras”
Como ejemplo significativo de la gran represión policial desencadenada de manera sistemática, en la Memoria referida a 1977, el Fiscal del Reino desvela que durante ese año crucial, en que mataron a Miguel y se realizaron las primeras elecciones “imperfectas” por sufragio universal, se efectuaron un total 2.402 acciones represivas de las FOP, con 4.394 detenidos que pasaron a disposición judicial de la Audiencia Nacional.
Violencia indiscriminada
Los dos niveles: el aparato de Estado y las instituciones reglamentadas, se funden y se combinan en la comisión de los actos de violencia de origen institucional. Al tiempo que se orquesta una violencia indiscriminada para controlar la calle y una violencia de terrorismo selectiva. De los hechos violentos luctuosos desencadenados el año anterior al crimen de Miguel, está la muerte a tiros de Teófilo del Valle, en Elda en febrero de 1976 durante una carga policial tras una asamblea sindical, que inaugura la larga lista de muertos por represión en la calle, y los Sucesos de Vitoria 76.
A través de las denominadas “tramas negras”, organizaron atentados y operaciones de castigo. También contaron con la participación, relación y amparo de los partidos y organizaciones legales FE-JONS, el Frente de la Juventud, la Hermandad de la Guardia de Franco… y con Fuerza Nueva, que obtendría representación parlamentaria.
Estas relaciones fueron claras en el caso más trascendental (que significó un punto de inflexión en la transición): la matanza de los abogados laboralistas de Atocha, organizada por funcionarios del Sindicato de Transportes y por militantes de Fuerza Nueva, y relacionado con miembros de la Brigada de Información (antigua Brigada Político-Social). Antes, esta combinación también quedó patente en el caso Montejurra 76, en el que participaron neofascistas italianos, ultras españoles, incluso el ex ministro de Franco Oriol y altos cargos del ministerio de Gobernación de Fraga Iribarne.
Secuestro y asesinatos
Ya con la Constitución vigente, en 1980, en el caso del secuestro y asesinato de la dirigente estudiantil Yolanda González, esta combinación quedó demostrada judicialmente con la condena del jefe nacional de Fuerza Nueva y la intervención en distintos grados de un Policía Nacional que fue condenado por encubrimiento y un miembro de la Guardia Civil en activo.
Instrumentos juridicos
La Transición contó con dos instrumentos jurídicos destacados: la Audiencia Nacional y la Amnistía (administrada mediante un decreto y en un decreto–ley).
La Audiencia Nacional fue el órgano judicial que aplicó la Ley de Amnistía de 1977, del mismo modo que su antecesor, el Tribunal de Orden Público, fue el encargado de aplicar los indultos, el decreto Ley de Amnistía de 1976 y sus sucesivas ampliaciones.
Verdad oficial
La verdad judicial emanada de la Audiencia Nacional se convirtió, de facto, en verdad oficial asumida sentencia tras sentencia, y en muchos casos aplaudida, en los ámbitos políticos de la transición, en el Congreso de Diputados, por los sindicatos de clase y los partidos con representación parlamentaria. En este sentido, la Audiencia Nacional fue un instrumento crucial para el desmantelamiento de los restos más violentos del antiguo aparato franquista y para juzgar las acciones terroristas “desestabilizadoras”.
Los planteamientos jurídicos tuvieron consecuencias políticas directas en la evolución de la transición española. Se denominó “grupos incontrolados de extrema derecha” a los procesados. Se les clasificó como “no adscritos”. Se aplicó una sistemática individualización de las causas. Y todos los crímenes fueron jurídicamente obra de “grupos armados” creados y compuestos exclusivamente por los miembros juzgados. Esta visión se aplicó en los casos: Atocha; El Papus; Yolanda González; el Frente de la Juventud; el Batallón Vasco-Español de Iturbide y Zabala, el Ejército Español de Liberación y el comando autor de la bomba contra El País.
Consecuente con esta doctrina, la Audiencia Nacional juzgó los casos restantes estudiados como “acciones violentas aisladas” realizadas por activistas que obraron por su cuenta; que acudieron armados a manifestaciones como guerrilleros de Cristo Rey (asesinato de Arturo Ruiz.); que realizaron ataques en un momento de disgusto por la situación política (asalto al bar San Bao y apuñalamiento de Arturo Pajuelo, ambos en Madrid; la bomba contra el pub El Largo Adiós, de Valladolid…), o que desencadenaron agresiones indiscriminadas oir rabia o despojados de objetivos políticos (en el caso Miguel Grau, juzgado en la Audiencia Provincial de Alicante, se aplicó este criterio; también en los asesinatos de Jorge Caballero, de Andrés García, de Vicente Cuervo…).
Bajo custodia, la actuación directa de policías y funcionarios de Prisiones en los casos Arregui, Agustín Rueda y Herrera de la Mancha, se dio con la cobertura de sus departamentos y con la participación masiva de funcionarios.
Los nombres de las víctimas
Quiero recordar y los rostros de algunas de aquellas personas jóvenes, a quienes arrebataron la vida comandos de “incontrolados”. Sus asesinos jamás fueron detenidos ni juzgados. Hoy estarían entre nosotros. Eran estudiantes, jóvenes trabajadores, conserjes, un ama de casa… Tuvieron la mala suerte de que, mientras se movilizaban por la democracia y la amnistía se encontraron con los verdugos, y perdieron la vida por disparos de arma corta, botes de humo lanzados a corta distancia, puñaladas, paquetes-bomba…
Yolanda González Martín, de dieciocho años, secuestrada, asesinada y abandonada en la cuneta de una carretera comarcal. Esta foto policial es quizás el documento más desolador de la violencia política durante la Transición española.
Las víctimas de la violencia institucional durante la transición española fueron silenciadas por la propaganda oficial, y no fueron reconocidas como víctimas del terrorismo hasta hace unos años. Los muertos y los heridos están aquí y constituyen el auténtico precio de la transición democrática en España. Forman parte de la verdad, y como víctimas pueden morir por segunda vez con el olvido.
Alicante, octubre de 2011
Fuentes:
http://www.miquelgrau.org/2011/10/24/miguel-grau-y-la-violencia-politica-de-la-transicion/